Cuba y EU: Se disparó la guerra fría

Manuel Juan Somoza | Maqueta Sergio Berrocal Jr.

La Habana

Andamos como veinte en un zapato y ¡parió Catana, la perra!. Estados Unidos acaba de ampliar su abultado catálogo de ultimatos con la amenaza de llevar a sus tribunales a compañías o personas que “trafiquen” con propiedades estadounidenses confiscadas en Cuba a partir de 1959, vieja aspiración del anticastrismo, desconocida hasta ahora por todos los presidentes de ese país, incluido Donald Trump en 2017 y 2018. El cambio de enfoque –uno más para sepultar la aproximación entre Washington y La Habana durante el último mandato de Barack Obama- “nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III (de la Ley Helms-Burton), a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”,  argumentó el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo.

Pompeo agregó que en vez de suspender por seis meses la aplicación de ese título, como se ha hecho de manera rutinaria desde la adopción de la Helms-Burton en 1996, Washington se dará un plazo de 45 días a partir del 1 de febrero a fin de evaluar su puesta en marcha, lo que implicaría, aunque solo fuera parcialmente, enfrentamientos judiciales con empresas extranjeras radicales en la isla y hasta con cubanos residentes en inmuebles confiscados al triunfo de la revolución, procedimiento similar al esgrimido tras la caída del campo socialista europeo.

Ante el inesperado anuncio de EU el miércoles, el gobierno cubano reaccionó el mismo día calificándolo de “chantaje político” y “ataque brutal a terceros países y al derecho internacional”, que “provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a propietarios estadounidenses legítimos”.

Promovida por el exilio cubano en EU, la Helms-Burton codifica todas los decretos y leyes que sustentan el embargo de casi 60 años a la isla –de ahí que ni la desaprobación expresa de Obama posibilitó que el Congreso pusiera fin a esa práctica- y admite como reclamantes a cubanos que abandonaron su país a partir de 1959 y se naturalizaron estadounidenses después. Es decir, podrán establecer demandas judiciales allá desde el antiguo dueño de un central azucarero o una refinería de petróleo -hoy empresas estatales- hasta el propietario de la escuela privada devenida pública después de 1959, donde estudió mi hijo.

“Por primera vez, el Título III ha sido suspendido por menos de seis meses. El uso de cuarenta y cinco días presenta la posibilidad de un siniestro panorama comercial, económico y político para la República de Cuba, los países miembros de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio” dijo a medios estadonidenses, John Kavulich, presidente del U.S Cuba Trade and Economic Council.  “Una vez más, la administración de Trump ha usado potencialidad en armas para crear incertidumbre y, por lo tanto, ansiedad. Precisamente la intención”, precisó.

La aprobación parcial o total de ese título “no solo haría más difícil la inversión extranjera, sino que abriría un capítulo infinito de demandas, básicamente contra empresas europeas que han ido ocupando los espacios dejados aquí por los estadounidenses”, comentó otro conocedor del tema.

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